Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar posibles anomalías financieras relacionadas con contratos electorales
Por: César Leyva
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas presuntamente relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), entre quienes se encontraría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la decisión se tomó después de identificar movimientos financieros considerados de riesgo durante sus labores de análisis e investigación.
Como parte de las acciones, la dependencia incorporó a los involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá indagar los hechos y establecer si existen delitos o responsabilidades.
MEDIDA PREVENTIVA, NO UNA SENTENCIA
Hacienda aclaró que la inmovilización de recursos tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no significa que las personas señaladas sean responsables de alguna conducta ilegal.
También indicó que quienes resultaron afectados pueden recurrir a los mecanismos legales correspondientes y ejercer su derecho de audiencia, conforme a las disposiciones vigentes y al principio de presunción de inocencia.
La UIF aseguró que mantendrá sus investigaciones para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y fortalecerá la colaboración con otras autoridades.
ASF DETECTA ANOMALÍAS EN EL GASTO ELECTORAL
El caso se suma a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realiza una revisión integral de las finanzas del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De acuerdo con la institución fiscalizadora, el análisis de información y los reportes recibidos han permitido advertir posibles irregularidades de larga data en el manejo de recursos públicos.
Entre los aspectos bajo revisión figuran presuntos conflictos de interés en procesos de licitación y adjudicación de contratos, incluido el caso del empresario José Alfredo Hernández, señalado por sus presuntos vínculos con familiares de Guadalupe Taddei.