En México, repartir poder suele ser más fácil que exigir cuentas
Por: Héctor Manjarrez Rubalcava
En México, repartir poder suele ser más fácil que exigir cuentas, porque mientras ampliar facultades se presenta como una solución inmediata, vigilar su ejercicio obliga a incomodar a quienes mandan.
La salida de la consejera presidenta Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral expone esa contradicción y plantea un problema que trasciende su gestión: Cuando una institución concentra decisiones y debilita sus contrapesos, también compromete su capacidad para responder ante la ciudadanía cuando aparecen cuestionamientos.
Esto resulta delicado en una autoridad electoral, cuya legitimidad depende de que sus decisiones sean aceptadas incluso por quienes pierden. Por ello, las sospechas sobre contrataciones y posibles conflictos de interés pueden contaminar la percepción sobre sus procedimientos, aunque estos involucren a miles de trabajadores ajenos a los hechos investigados. Así, mientras una persona deja el cargo, la institución permanece y debe enfrentar el desgaste que recibe.
De ahí que la renuncia deba acompañarse de investigaciones rigurosas, pues cambiar a quien ocupa una oficina no explica cómo se tomaron las decisiones ni quién debía supervisarlas.
Aunque corresponde respetar la presunción de inocencia, también resulta indispensable impedir que la salida funcione como una clausura política del expediente. Si las preguntas sobreviven y las respuestas desaparecen, el relevo termina facilitando el olvido en lugar de corregir el problema.
Además, esta crisis exige revisar los "superpoderes" otorgados a la presidencia. En 2024 se ampliaron sus atribuciones administrativas y de nombramiento, después de que distintas propuestas encontraran resistencias en el Consejo General. Lo preocupante de esa salida es su lógica, es decir, ante la dificultad de construir acuerdos, se fortaleció a quien debía negociarlos. Con ello, el desacuerdo dejó de funcionar como contrapeso y pasó a tratarse como un obstáculo que podía esquivarse.
Precisamente por eso, la eficiencia debe evaluarse junto con la capacidad de vigilancia. Cuando decidir más rápido implica que menos personas puedan revisar, cuestionar o corregir, la agilidad administrativa puede aumentar la discrecionalidad. Bajo esas condiciones, una institución colegiada corre el riesgo de conservar su estructura mientras pierde la deliberación que justifica su existencia.
Asimismo, el caso permite cuestionar la idea de que la austeridad basta para garantizar integridad. Aunque reducir gastos puede ser deseable, su valor depende de cómo se administra el dinero restante y de qué controles acompañan las contrataciones. Por tanto, presumir ahorros mientras quedan decisiones sin explicar, debilita el propio discurso de responsabilidad que se pretende defender.
Esa distancia entre lo que una institución proclama y lo que demuestra afecta su imagen pública, porque la ciudadanía forma sus juicios mediante experiencias concretas.
Si encuentra evasivas cuando solicita explicaciones, difícilmente recuperará confianza mediante comunicados que celebran una nueva etapa. En consecuencia, la comunicación institucional necesita sustentarse en evidencia y reconocer aquello que todavía está pendiente de esclarecer.
A su vez, cuando esas respuestas no llegan, la desconfianza puede extenderse hacia otras autoridades y desalentar la participación. Si denunciar parece inútil y vigilar no produce consecuencias, la sociedad recibe el mensaje de que exigir cuentas consume tiempo sin modificar nada. Por ello, fortalecer la transparencia también significa demostrar que preguntar tiene efectos.
Para conseguirlo, publicar documentos debe permitir reconstruir decisiones, identificar responsables y conocer criterios, mientras los órganos de control necesitan independencia para investigar a cualquier nivel.
Además, sus conclusiones deben hacerse públicas y traducirse en sanciones cuando existan irregularidades, o en aclaraciones suficientes cuando las acusaciones carezcan de sustento.
Así, el relevo en el INE tendrá sentido si incluye una revisión de facultades y controles, porque sustituir personas sin modificar las condiciones del problema permite repetirlo. La lección alcanza a todo el país: Cuanto mayor sea el poder concedido, mayor debe ser la vigilancia.
De lo contrario, seguiremos pagando con confianza ciudadana la comodidad de quienes prefieren gobernar sin preguntas, mientras cada nueva crisis se resuelve cambiando nombres y dejando intactas las reglas que la hicieron posible.