Hay que decir que se trata de un acuerdo tomado por la cúpula de la alta política educativa
Por: Ricardo Aragón Pérez
Aun cuando es muy temprano para saber cómo van a reaccionar los colectivos docentes y qué va a cambiar en la convivencia y aprendizaje del alumnado, a consecuencia de la restricción de celulares en las escuelas, ya hay maestras y maestros que ven con buenos ojos esa medida. Un maestro normalista dijo: "Me parece muy pertinente... retoma el sentir docente de años atrás, desde que aparecieron los celulares en manos de los estudiantes, lo han venido manifestando". Por otro lado, una supervisora escolar aseguró que en las primarias a su cargo "está limitado el uso de los celulares en tiempo escolar", por lo que espera que esa disposición consolide el control de estos dispositivos en las escuelas.
Tras el acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conocido por sus siglas como Conaedu, orientado a reglamentar el uso de celulares en las escuelas de educación básica, a partir del pasado martes 3 de noviembre, todas las escuelas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta secundaria, deberán conocer, observar y aplicar debidamente los lineamientos emitidos para ese efecto.
Pero ¿qué motivó a las autoridades educativas a dar ese paso?, ¿qué estipula el acuerdo referido?, ¿quiénes participaron en él?, ¿a quiénes va dirigido y qué logros se esperan alcanzar con su implementación? Estas preguntas son el punto de partida del presente texto, en el que se busca dar algunas respuestas aproximadas.
Por principio de cuentas, hay que decir que se trata de un acuerdo tomado por la cúpula de la alta política educativa; o sea, por las y los 32 titulares del sector educativo, que retoma o refleja a todas luces el sentir o parecer de miles de voces diversas; destacan de entre ellas las de múltiples actores sociales y educativos. Como prueba de eso, se pueden mencionar los datos de un sondeo de opinión reciente, que hizo público el periodista Enrique Galván, en los que se advierte una tendencia abrumadora de aprobación respecto a la regulación o restricción; incluso "prohibición" de celulares en horarios y espacios escolares, con poco más de un 92 por ciento de aceptación del universo involucrado.
A ese significativo porcentaje, debe añadir otro tanto igualmente coincidente y de proporciones relevantes, expresados particularmente por maestras y maestros en servicio, según la Consulta Nacional de Regulación de Dispositivos Electrónicos en Escuelas, aplicada por la Secretaría de Educación Pública, en la participaron más de medio millón de docentes, quienes además intervinieron en varios foros organizados por la misma secretaría y con el mismo propósito regulatorio.
Así, el sistema educativo mexicano se suma al concierto de países, como Francia, China, Italia, Finlandia y Australia, cuyos ministerios de Gobierno ya se adelantaron para reglamentar el uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos en los centros educativos, destinados especialmente a la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de edad, bajo el argumento de que representan no solo un riesgo para su seguridad y salud emocional, sino también perturban el ambiente escolar, limitan la convivencia, generan distracciones y afectan la concentración; en suma, diezman la calidad de las habilidades y aprendizajes del estudiantado.
Vistas las cosas así, seguramente nadie estará en desacuerdo con esas sanas intenciones, que velan por entornos escolares más habitables, sensatos y propicios no solo para las prácticas educativas, sino para el desarrollo humano, pleno e integral de las y los educandos, que es uno de los fines pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana, que está en boga desde el sexenio pasado.
Con todo, y esto hay que remarcarlo, los celulares no están prohibidos en los espacios escolares, pero su uso en las aulas y horario de clases, en recreos o recesos, sí está claramente condicionado, ya por situaciones de emergencia y accesibilidad o actividades pedagógicas, siempre que éstas estén previamente programadas en los planes de clases.
A menos de una semana de haberse limitado el uso de los celulares en el ámbito escolar, algunos maestros ya expresaron por separado su sentir al respecto. A modo de ejemplo, una supervisora de primaria, a cargo de escuelas situadas en pueblos del Río Sonora, aseguró que esa disposición arrancó con buenos augurios, ya que "en las asambleas de padres se tomaron buenos acuerdos", y los alumnos, abundó la misma supervisora, "manifestaron que era una medida adecuada y aceptable".
Por lo que hace a las y los maestros de su zona escolar, dijo que ellos hacen lo que les toca y sienten el respaldo de la comunidad de alumnos y familiares, pero insisten en sus "comentarios de que el uso de celulares y redes sociales es responsabilidad de los padres".
Ahora bien, ante la puesta en marcha de esa regulación, no es de malpensados preguntarse si las autoridades de la alta política educativa, incluyendo a las escolares, entre ellas directivos de escuela, supervisores de zona y jefes de sector, ya cumplieron el compromiso asumido por sus superiores jerárquicos: Informar durante un mes a madres, padres y tutores sobre las motivaciones, contenido y aplicación de los lineamientos para regular el uso de celulares en los espacios educativos.
Por último, cabe saludar el esfuerzo de las autoridades educativas de proponer diversas actividades de esparcimiento sano, tales como juegos tradicionales, juegos de mesa y prácticas deportivas, como opciones para usos de los tiempos libres, sin celulares entre manos, lo que seguramente tomará tiempo llevarlas a buen puerto.
Si bien ese es un camino aceptable; incluso plausible, debe también complementarse con un compromiso firme de reacondicionar o rehabilitar las canchas cívicas y los campos deportivos de los planteles, dotarlos de promotores culturales y deportivos, además de proveerlos de material adecuado para facilitar el desarrollar esas actividades extracurriculares.