A lo largo del tiempo, muchas personas han pagado las consecuencias de esta guerra
Por: Bianca Vianey Acuña Valverde
La llamada guerra contra las drogas tuvo su origen en 2006 cuando miles de elementos de seguridad fueron desplegados en las calles para combatir de frente a los cárteles del narcotráfico. De pronto las calles, los barrios y las plazas públicas fueron escenario de enfrentamientos entre ambos actores.
Mientras tanto, la población civil se resguardaba dónde podía. A lo largo del tiempo, muchas personas han pagado las consecuencias de esta guerra. Durante los últimos 20 años, se ha documentado ampliamente cómo la violencia en México ha alcanzado límites inimaginables: Más de cien mil personas desaparecidas, desplazamiento forzado en comunidades, y violencia exacerbada han sido la constante.
Desde el inicio, los discursos señalaban que la prioridad era la seguridad y acabar con el comercio de drogas. Sin embargo, las consecuencias no se han distribuido equitativamente. Son las poblaciones históricamente marginadas quienes enfrentan una mayor exposición a la violencia, la persecución y el abandono institucional.
La paradoja es que, mientras las estructuras criminales tienen la capacidad de reorganizarse y seguir en funcionamiento, las personas que ocupan los eslabones más débiles son fácilmente sustituibles y terminan pagando los costos más altos.
La guerra contra las drogas ha demostrado ser una guerra en contra de las personas, porque quienes pagan las mayores consecuencias son quienes viven en mayores condiciones de pobreza y exclusión.
Quienes tienen menores oportunidades de acceso a empleos dignos, educación, vivienda y seguridad social, encuentran en los mercados ilegales un lugar para generar ingresos. Esto no significa que la pobreza conduce inevitablemente a participar en actividades ilegales, sino que las condiciones de precariedad pueden incrementar la exposición a estos mercados.
Actualmente, podemos ver a comunidades empobrecidas que enfrentan los efectos de la violencia en sus territorios; juventudes que encuentran pocas oportunidades para construir sus vidas; poblaciones indígenas desplazadas; y mujeres que enfrentan cargas desproporcionadas de tareas de cuidado, búsqueda de personas desaparecidas y sostenimiento de sus familias.
No todas las personas tienen las mismas posibilidades de escapar de la violencia, denunciar una agresión o acceder a la justicia. Y esto ocurre en un contexto que, desde antes, ya era profundamente desigual.
Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en medio del conflicto. Desde esta mirada, no se trata solo de cuántas personas han sido detenidas o encarceladas, cuántas sustancias han sido decomisadas o cuántas operaciones de seguridad se han realizado. Tendríamos que preguntarnos cuántas vidas han quedado desprotegidas, cuántas familias han tenido que asumir los costos de la violencia o de perder las posibilidades de acceder a una vida digna.
La guerra contra las drogas ha demostrado que perseguir, encarcelar y violentar a miles de personas, sin transformar las condiciones que reproducen los mercados ilícitos y sin atender las desigualdades, genera costos para quienes tienen menos opciones de una vida digna.
No necesitamos más guerra contra las personas, necesitamos que la vida, la dignidad y la salud se ponga en el centro. No hay política que pueda considerarse exitosa si sacrifica los derechos y las vidas de quienes han sido históricamente abandonados por el Estado.