Altares bajo sospecha y otras aduanas del prejuicio

“Más de dos siglos antes de los debates políticos contemporáneos, ya se rezaba hacia La Meca en las plantaciones de Georgia y las Carolinas”

Por: Ricardo Castro Salazar

En 1831, en Fayetteville, Carolina del Norte, un hombre esclavizado llamado Omar ibn Said tomó una pluma y escribió quince páginas en idioma árabe. Nacido en Futa Toro, en el actual Senegal, era un erudito musulmán capturado y vendido en Charleston en 1807. Su autobiografía, el único manuscrito en árabe conservado de una persona esclavizada en Estados Unidos, reposa hoy en la Biblioteca del Congreso en Washington. Sus dueños creyeron haberlo convertido al cristianismo, pero Omar abrió el cuaderno copiando de memoria la Sura sesenta y siete del Corán, donde se afirma que la soberanía sobre toda vida pertenece únicamente a Dios. Aquellas hojas desmontan una amnesia conveniente. El islam no llegó ayer como un huésped intruso a suelo estadounidense, sino que fue arrastrado en los barcos negreros antes de que la república cumpliera su primer siglo.

El desprecio que espera al migrante no se limita al color de la piel ni al saldo de su cuenta bancaria. Existen aduanas más silenciosas que revisan el altar ante el cual reza, miden el acento de su voz, inspeccionan su cuerpo como si portara una plaga y vigilan las costumbres de su vecindario. Todas comparten una misma estrategia. Necesitan borrar la historia para convencer al nativo de que el recién llegado amenaza una pureza que jamás existió.

La sospecha contra los musulmanes en Estados Unidos expone esta amputación de la memoria. Historiadores como Sylviane Diouf y Michael Gomez documentan que decenas de miles de africanos esclavizados llevados a América del Norte profesaban el islam, cerca de una décima parte o más de quienes sobrevivieron a la travesía. Más de dos siglos antes de los debates políticos contemporáneos, ya se rezaba hacia La Meca en las plantaciones de Georgia y las Carolinas. Décadas más tarde, entre fines del siglo diecinueve y principios del veinte, migrantes musulmanes procedentes de la Gran Siria, el Líbano y los Balcanes se asentaron en el corazón rural e industrial del país. En 1929, colonos sirios y libaneses levantaron una mezquita en Ross, Dakota del Norte, y en 1934 inauguraron en Cedar Rapids, Iowa, la llamada Mezquita Madre de América. Pese a esas raíces centenarias, tras los atentados de 2001 y la orden ejecutiva de 2017 que restringió el ingreso de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, el discurso público volvió a presentar esa fe como un cuerpo extraño e incompatible con la nación.

El miedo a los símbolos religiosos ajenos cruza cualquier océano. En noviembre de 2009, el 57.5% de los votantes en Suiza aprobó una reforma constitucional para prohibir la construcción de nuevos minaretes. La paradoja desnuda la desproporción del prejuicio. En todo el país existían apenas cuatro minaretes y ninguno emitía el llamado a la oración. No se votó contra una molestia vecinal, sino contra el derecho de una minoría a ser visible en el paisaje común.

A la sospecha sobre la fe se suma el estigma sanitario, que reduce al forastero a un vector de contagio. La historiadora Alexandra Minna Stern ha documentado cómo el lenguaje médico sirvió durante décadas para justificar el control fronterizo en Estados Unidos. En enero de 1917, bajo el argumento de frenar el tifus, las autoridades sanitarias estadounidenses impusieron en el puente entre Ciudad Juárez y El Paso un régimen de desinfección para los trabajadores mexicanos que cruzaban a diario. Quienes pasaban la línea debían desnudarse, entregar su ropa a cámaras de fumigación y someterse a baños de queroseno y vinagre. El 28 de enero de ese año, Carmelita Torres, una trabajadora doméstica de diecisiete años, se negó a bajar del tranvía para ser rociada y encabezó a cientos de mujeres en una protesta que detuvo el cruce. Su rechazo denunció una humillación que resurge cada vez que una epidemia convierte al migrante en culpable biológico.

Si el recién llegado sortea el filtro de la fe y del cuerpo, lo aguarda el tribunal del oído. El sociolingüista francés Philippe Blanchet llamó glotofobia a la discriminación por el acento o el modo de hablar. En Francia, esta exclusión alcanzó tal peso que en noviembre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura una reforma para castigarla como delito. En Estados Unidos, el lingüista John Baugh demostró mediante llamadas telefónicas controladas que diversos arrendadores negaban viviendas disponibles apenas percibían un acento asociado a minorías o extranjeros, antes siquiera de ver un rostro. Dominar el idioma local no otorga inmunidad cuando la garganta conserva la música de otro origen.

Las jerarquías del prejuicio también se escriben en leyes urbanas y estereotipos de género. En 2018, el Parlamento de Dinamarca aprobó una normativa que catalogó barrios enteros como guetos, rebautizados luego como sociedades paralelas, tomando como criterio que más de la mitad de sus vecinos tuviera origen no occidental. La ley autorizó la demolición o venta de viviendas públicas para dispersar esas comunidades y obligó a que sus hijos acudieran desde el primer año de vida a guarderías estatales para asimilar el idioma y los valores locales. En Sudamérica, el informe Sí, pero no aquí publicado por Oxfam en 2019 documentó otro rostro del estigma en Perú, Ecuador y Colombia, donde la hipersexualización de mujeres migrantes venezolanas opera como barrera para conseguir empleo digno y vivienda segura.

Un cuaderno árabe en Washington, cuatro minaretes en Suiza, una joven en un tranvía de El Paso, una voz rechazada al teléfono y un barrio demolido en Dinamarca obedecen al mismo impulso. El prejuicio nunca se queda sin coartadas. Cuando el color de la piel no basta para levantar el muro, señala la plegaria, el acento, la salud o el origen del vecindario. Sin embargo, los archivos desmienten la ilusión de la pureza. Quien hoy es señalado como intruso suele llevar siglos sosteniendo los cimientos de la casa que intenta expulsarlo.

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