La falta de quórum impidió procesar su renuncia, mientras legisladores investigan posibles conflictos de interés relacionados con Ueno Bank
Por: César Leyva
La crisis política y financiera que atraviesa Paraguay escaló este jueves luego de que el Senado puso en marcha un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de mal desempeño de sus funciones y de presuntos vínculos de interés con la institución financiera Ueno Bank.
El procedimiento comenzó después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación contra el mandatario. La diputada opositora Rocío Vallejo asumió el papel de fiscal y presentó los argumentos ante los senadores, quienes deberán actuar como tribunal durante el proceso.
Peña continúa al frente del Ejecutivo, debido a que una sesión conjunta del Congreso no logró reunir el quórum necesario para aceptar su renuncia. La dimisión habría permitido declarar vacante la Presidencia y activar el mecanismo constitucional de sucesión.
LA CAÍDA DE UENO BANK DESATÓ LA CRISIS
El conflicto tiene como uno de sus principales detonantes la decisión del Banco Central de Paraguay de iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo requerido.
La medida generó preocupación entre millones de clientes y abrió interrogantes sobre el destino de los recursos depositados por distintas instituciones públicas, incluidos fondos provenientes de pensiones.
Durante la presentación de los cargos, Vallejo advirtió sobre las consecuencias de la situación financiera y señaló posibles irregularidades relacionadas con la participación empresarial que Peña tuvo en Ueno Holding, conglomerado al que pertenece el banco. El presidente vendió sus acciones en marzo de 2025.
Los legisladores también señalan posibles conflictos de interés y presunta influencia empresarial sobre organismos del Estado.
De concretarse su destitución, Peña perdería los beneficios correspondientes a su condición de senador vitalicio, mientras que una salida mediante renuncia le permitiría conservarlos.
El mandatario se convierte así en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en enfrentar un juicio político, después de Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012.